Sandwiches en la Torre de la Vela

El año pasado comencé un pequeño fisking de la Constitución Española del 78. Este año lo sigo allí donde lo dejé, a partir del Capítulo 3º, De los principios rectores de la política social y económica.

La primera duda que se me plantea es. ¿hace falta que la norma fundamental del estado marque directrices sociales y económicas?

Art. 39.1: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

Ya está el legislador optando por determinada forma de asociación a la que proteger, pero sin determinar qué es una familia, y contradiciéndose el propio texto, como veremos ahora.

Art. 39.2: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

¿Son las madres solteras una familia? ¿Y si se trata de un padre soltero, divorciado o viudo? Además, al equiparar los hijos de los hijos independientemente de su filiación, ¿no se trata de un ataque a la familia? Al fin y al cabo equipara a los hijos bastardos con los legítimos dentro de la familia que el punto 1 dice proteger.

Art 39.3: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

Tal vez este sea uno de los pocos puntos liberales de la constitución, al exigir la responsabilidad por los actos. Como me dijo una vez una amiga (que creo he citado otras veces), si no quieres arriesgarte [a dejar embarazada a la chica] la próxima vez la metes en un avispero.

Art. 39.4: Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Como tantas otras veces, la Constitución promete cosas que no puede cumplir. Estoy de acuerdo en que los niños necesitan una protección especial al no poder valerse por ellos mismos. El primer problema es cuando en España se considera niños hasta los 18 años. Es decir los cabrones de 13 y 14 años que apalizaban a un compañero y lo grababan en vídeo merecen una protección especial. ¿Y la víctima, no merece protección especial?

Art. 40.1: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Los poderes públicos no hacen más que poner trabas al progreso económico y social mediante el intervencionismo que consagra la Constitución. Entre otras cosas, por la redistribución de renta. Si la renta del que más gana la van a distribuir entre los que menos ganan, ¿para qué esforzarse? Ese mismo intervencionismo es el mayor enemigo del pleno empleo. Con menos intervención, a ser posible tendente a cero, el propio mercado hará aparecer nuevas formas de negocio que fomentarán la riqueza y el empleo, incluso el autoempleo. Sin embargo, como no comiences con un capital bastante abultado, incluso instalarse como autónomo es una pesadilla. Mucho más tratar de crear una empresa. Al final sólo los de siempre, los que ya tienen el capital, pueden afrontar la creación de más empleo, pero con la espada de Damocles de la híperregulación. Con lo cual, si ya tienen capital, ¿para qué arriesgarse más? Y los que no tenemos capital no tenemos nada que arriesgar. Así no se logra ni el pleno empleo ni nada que se le parezca.

Art 40.2: Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

¿Los poderes públicos saben qué conocimientos necesitarán los trabajadores y qué puestos de trabajo requerirán las empresas? Sólo el mercado de trabajo, con el sistema de precios (=sueldos) es un indicador transparente de las necesidades de las empresas, y por tanto de los requerimientos de los trabajadores. Si yo gano menos de 8 euros la hora, y sé que un técnico informático autónomo factura mínimo 25 €/hora más desplazamiento, no hace falta que venga ningún político ni funcionario a decirme que lo que tengo que hacer es prácticar más montando ordenadores, limpiando virus y cambiando placas.

Velar por la seguridad e higiene es un propósito muy loable, pero eso tampoco se logra mediante regulaciones. Si un taller factura 50.000 euros en un mes para tener un beneficio de 5.000, y se le obliga por normativa a adoptar unas medidas de seguridad que cuestan 6.000 está claro lo que pasará: que el taller cerrará. O que sobornará al inspector que toque. Sin embargo, en una economía libre la búsqueda de la eficiencia y la productividad (que redunda en los beneficios) usará las condiciones laborales como factor añadido para atraer a la mano de obra más eficiente y productiva. Los ineficientes e improductivos que no pueden proporcionar la seguridad que reclamará el trabajador irán quedando fuera del mercado de forma natural. Usar la legislación hace que los empresarios que ya cumplen los requisitos carguen sobre sus espaldas el coste de un servicio de inspección, que suele ser bastante arbitrario, vía impuestos.

Y lo mismo puede aplicarse a las vacaciones. A mío este año podría interesarme más que me paguen dos semanas en lugar de tener que tener las vacaciones, pero no tengo esa opción. Es más, antes de que las vacaciones fuesen obligatorias las empresas más productivas y los propietarios de tierras más productivos y generosos ya pagaban las vacaciones y los días libres. El abuelo de mis tios de Valencia, que con el tiempo llegó a tener bastantes tierras en el pueblo, ya a principios del s. XX pagaba a sus braceros el jornal de los domingos. Al principio, extrañados, le decían "don Rafael, pero si el domingo no trabajamos". A lo que contestaba "¿o es que el domingo no comeis?".

Art. 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Esta es una de las mentiras más gordas de la Constitución: ningún estado, ninguno, puede, mediante un sistema público, garantizar prestaciones sociales para todos. En una economía libre alguien que perdiese un empleo estaría más de un mes en el paro. El paro, y sobre todo el de larga duración, tiene su origen en un sistema que paradójicamente dice querer alcanzar el pleno empleo.

Art. 42: El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

¿Hasta dónde puede llegar el estado? ¿Hasta la Argentina de Kirchner? ¿Hasta la Cuba de Castro? Evidentemente la situación de los españoles en el extranjero no es la misma ahora que hace 27 años, pero si alguien decide irse al extranjero a trabajar para hacerse rico o para mandar dinero a su familia, da igual, en cada pais rigen unas leyes laborales. ¿Se impondrán las españolas sobre las del pais de destino?

Art. 43.1: Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Gracias por darnos permiso para tratar de estar sanos.

Art. 43.2: Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

¿Pero así van a lograrlo? ¿Con las listas de espera de meses?

Art. 43.3: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Cosas básicas como lavarse las manos después de limpiarse el culo o antes de comer, o recomendar no beber de aguas estancadas es bastante lógico. Tanto, que ni hace falta que venga el estado a recordarlo. Lo que pasa es que el estado se mete en las calorías que ingerimos, el colesterol, decide por nosotros si aceptar o no alimentos transgénicos, cuantos minutos de footing tenemos que hacer al día, que deporte es más recomendable... y para colmo, ¡nos facilitarán la adecuada utilización del ocio! Espero que comiencen a subvencionar los juegos de rol y los wargames, porque son la forma de ocio más adecuada y aprovechable que he encontrado nunca.

Art. 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Ya sabemos que "promover" se ha convertido en sinónimo de "subvencionar". Si la gente no va a determinado teatro o museo es que es medio subnormal y no sabe apreciar el arte, en cuyo caso tiene que ser promocionado para que la minoría ilustrada que sabe apreciarlo pueda disfrutarlo. Y si es posible, que además se prohíba la cultura de masas como el cine americano.

Art. 44.2: Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Más de lo mismo. Para que pasen cosas como esta.

Art. 45.1: Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

El medio ambiente, eufemismo que yo sustituiría por espacios naturales no debería ser distinto de cualquier propiedad que debe ser respetada. Un río no debe respetarse por ser algo ambiental, sino porque contaminarlo constituye una agresión a una propiedad que debe repararse. Ah, claro: los rios son públicos. Por eso pasa lo que pasa. Y lo mismo con los montes, las playas... ¿Y qué pasa con el aire? Ya hace muuuucho tiempo que se sabe qué cosas contaminan y cuales no. En Londres tuvieron que prohibir las chimeneas domésticas, y las industrias han tenido que ir equipando sus instalaciones con filtros, etc., porque causaban un daño objetivo y medible. El problema es cuando con esta excusa se cuelan cosas como el protocolo de Kyoto que tratar de colar como contaminante lo que exhalamos en cada respiración.

Art. 45.2: Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Gracias a esa utilización racional tenemos emisarios submarinos construidos por las administraciones públicas, los montes públicos arden por los cuatro costados, pero no te atrevas a talar un árbol en tu finca que se te cae el pelo.

Art. 45.3: Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Otro buen propósito. El problema aparece cuando la propiedad es pública y nadie ostenta la calificación de víctima de un delito ecológico para exigir la reparación del daño. Si me queman la casa o el coche ya me preocuparé de perseguir o hacer perseguir al culpable, y que pague por ello. Pero, ¿quién persigue al que quema un monte o contamina un río? La gente clama justicia, exige responsabilidades, pero como no es ni el monte ni el rio del fiscal, los procesos por delitos ecológicos duran lo que duran. Y los jueces, dictan lo que dictan.

Art. 46: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Los pueblos no tienen patrimonio, este pertenece a las personas físicas y jurídicas, y su protección no debería ser más que un caso concreto de defensa de la propiedad. Cuando los titulares son ese ente fantasmagórico llamado pueblo pasan cosas como las del archivo de Salamanca. ¿El pueblo catalán tiene más derechos que el pueblo español? ¿O más derechos que los legítimos propietarios o herederos de los bienes incluidos en ese archivo? Dos colectivos difusos enfrentados, pero siempre por encima del individuo.

Art. 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Otra de las mayores aberraciones y mentiras de la Constitución. Por una parte, políticos y funcionarios deciden qué es una vivienda digna: desde 90 a 30 m2, pasando por 50 ó 60, que es lo que rige en Baleares como mínimo para las VPO. Pero al mismo tiempo que se pretende garantizar el derecho a la vivienda se conculca este derecho al regular los políticos y funcionarios la primera materia prima (valga la redundancia) de la vivienda: el suelo sobre el que va a construirse. Porque, ¿qué es la especulación? Especular no es más que apostar a que un bien comprado a un precio incrementará su valor en determinado tiempo. Especular es algo imprescindible para el desarrollo económico. Especular es lo que se hace cuando se elige un trabajo mejor pagado o con mayores expectativas que otro. O cuando se abre un bar en lugar de una papelería, o una tienda de ordenadores en lugar de un taller de chapa y pintura. Especulas con que la opción que has tomado es la mejor para tu propio futuro. El problema es cuando los especuladores tienen línea directa con los que escriben el futuro: políticos y funcionarios que tienen el poder de calificar y recalificar terrenos y usos. Un poder que emana de la propia Constitución.

¿Y cómo participa la comunidad en las plusvalías? Se supone que con los ingresos procedentes de la recalificación de terrenos. Los promotores se supone que pagan determinadas cuotas que cubrirán los gastos de urbanización y equipamientos, más cierto beneficio para el ayuntamiento. La comunidad. Lo que ocurre normalmente es que se pagan efectivamente esas cuotas, más el kilo de concejal (FJL dixit), más los intermediarios varios, y con ese dinero se pagan VPO's que también suele hacer el mismo al que se le han recalificado los terrenos. Total, que con el precio (inflado) de la vivienda de unos se paga parte de la vivienda de otros (los estómagos agradecidos del futuro), para beneficio de unos pocos. Y todo ello gracias a la Constitución que incluye la futura (ya actual) regulación del uso del suelo.

Art. 48: Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Puedo dar fé de en qué consiste esa promoción: en dar dinero con más bien poco control, preferiblemente a entidades afines a los políticos de turno, para jugar a cartas y al parchís. Más o menos. Todo eso regado con el conveniente adoctrinamiento, tanto progre como conservador, pero siempre chupando del pote.

Art. 49: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Otro muy loable propósito, pero que no se entiende qué hace en la Constitución. Antes de que existiese el estado benefactor ya había multitud de entidades y organizaciones de ayuda a todos esos colectivos. Desde conventos a organizaciones laicas, un símbolo de civilización y progreso (real, no el que se arroga la izquierda) ha sido la protección de los más desvalidos. Hoy no arrojamos a los niños que nacen con taras a ningún acantilado, hay gente que puede hacerse cargo de ellos o ayudar a las familias. Que eso lo haga el estado no logra más que drenar recursos que se malgastan en gestión y planificación, y no en resolver problemas reales.

Art. 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Otra grandísima mentira: el estado no puede garantizar nada por sí mismo. Y el sistema público de pensiones es una gran estafa que sólo se ha sostenido hasta ahora porque muchos morían antes de llegar a cobrar la pensión. Las pensiones públicas son un instrumento de demagogia, antes al servicio de la dictadura, y luego al servicio de la partitocracia. Siete millones de pensionistas son una bolsa de votos muy importante y relativamente fácil de comprar: se pueden garantizar de algún modo las pensiones a corto plazo estrujando a los actuales contribuyentes. Total, para cuando pete el sistema, no estará en activo casi ninguno de los actuales políticos, así que no tendrán miedo de perder sus cargos. Mientras, ellos sí tendrán garantizadas sus pensiones tras ocho años calentando un escaño, mientras un trabajador normal necesita 35.

Los servicios sociales son otra gran estafa: se montan locales de jubilados para comprar sus votos, pero no se construyen suficientes residencias para los que no pueden valerse por ellos mismos y constituyen una carga inasumible para las familias. Claro, un enfermo de Alzheimer no vota. El que se va cada tarde a jugar a mús y a pegarse unos bailoteos al ritmo de Manolo Escobar, pues seguramente votará a esa consejera o concejala de Asuntos Sociales tan simpática que les paga el local, las excursiones y los viajes a Benidorm.

En España, o eres tremendamente rico para pagar los 1200-1800 euros al mes que cuesta una residencia totalmente privada, o eres rematadamente pobre para entrar en alguna de las residencias públicas. Mientras, la clase media, puteada como siempre. Por suerte surgen iniciativas entre la maraña burocrática, como las empresas que proporcionan plaza en una residencia a cambio de una propiedad que, a la muerte del jubilado, constituirá el pago por la estancia y servicios médicos.

Mientras, la Constitución fomenta la irresponsabilidad y la falta de ahorro para el futuro, alentando una confianza (sin base) en que el estado garantizará.

Art. 51.1: Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Otro camelo: al quedar la inspección en manos de las administraciones públicas a estas les interesa más que no cunda la alarma cuando pasa algo grave, que no en defender realmente a los consumidores. Las inspecciones no son más que revisar papeles. Las multas muchas veces son de risa. Y lo peor es que en determinados casos se actúa encubriendo al estafador, para no perjudicar al sector, como ocurre con las crisis alimentarias.

Art. 51.2: Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

¿A quién representan las asociaciones de consumidores? Lo mismo que los sindicatos y las organizaciones patronales: a sus socios. Pero no, la Constitución les concede el derecho a hablar en nombre de todos los consumidores. Ignora el hecho fundamental de que los consumidores se expresan en el mercado comprando ciertas cosas y dejando de comprar otras. Cada organización de consumidores puede ganarse su reputación editando publicaciones, realizando estudios, etc., y tratar de convencer a los usuarios de que se asocien para seguir con esa labor, pero no puede confiarse en una entidad que dependa de las administraciones, y que seguramente les estará haciendo el juego. En Baleares una asociación de consumidores estaba a favor de la limitación de horarios y días de apertura del comercio. ¿Alguien lo entiende?

Art. 51.3: En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Intervencionismo y proteccionismo. No hace falta decir más. Bueno, sí: amiguismo y sobornos para lograr las autorizaciones.

Art. 52: La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Está claro que los profesionales de un sector deben tener libertad para asociarse. El problema es que al final la asociación se convierte en obligatoria, cada sector tiene la suya actuando como un monopolio, o aparecen asociaciones marcadas por la ideología, en cuyo caso en lugar de defender los intereses de los profesionales que la integran se dedican a hacer de oposición o de respaldo a la labor politica según sea el gobierno del color contrario al suyo, o del propio. Ver, por ejemplo, lo que ocurre con las diferentes asociaciones de agricultores.

¿Celebración? ¿De qué? ¿Del intervencionismo y de las libertades coartadas? No, este año tampoco.