Sandwiches en la Torre de la Vela

Asociacionismo, libertad y comida rápida, por Jahd

12 de Abril 2005

Jugando a las casitas (de los demás)

Comenta Roberto en el post anterior que ha pasado muy desapercibida la noticia de que el Estado pretende convertirse en agente inmobiliario de alquiler. Y tiene toda la razón.

Me sirve su comentario para comenzar el mio propio sobre la Sociedad Pública de Alquileres anunciada la semana pasada. Así que tomo la lanza rota del anterior post para darle un cate a la ministra, por la iniciativa, y por cómo la presentó.

La nota de prensa merecería un completo fisking, pero para no aburrir al personal extractaré algunos puntos clave.

La Sociedad facilitará la dinamización del mercado de alquiler a precios asequibles ofreciendo un marco estable de relación entre las partes. Ello se llevará a cabo mediente la actuación directa en este mercado

Dinamizar y actuar directamente no suelen congeniar. La intervención más bien tiende a inhibir, sobre todo si se trata de ofrecer marcos estables. Tan estables que a lo mejor los propietarios temen perder el control de su propiedad a manos del estado.

Los objetivos son de lo más pintoresco. Para poner en marcha el mercado se llevará a cabo la gestión de las obras necesarias. ¿Te mandará el estado a la cuadrilla de albañiles que le dé la gana? ¿Hará concursos públicos para adjudicar las obras de particulares? Sigue:

así como la promoción y el aumento de la eficiencia económica en el mercado del alquiler. Ello incluye, por tanto, las actividades relacionadas con la mejora de la financiación, el aseguramiento y, en general, todas aquellas que favorezcan a la reducción de los costes de intermediación de este mercado.

El estado se convertiría en financiador (bueno, ya lo hace a través de las cajas de ahorros), asegurador y gestor. Ojo a esto de la reducción de costes de intermediación.

Un mercado de alquiler dinámico contribuye a favorecer la movilidad geográfica y permite reorientar el ahorro de las familias hacia productos financieros, contribuyendo a mejorar la productividad del conjunto de la economía.

Pocos párrafos podrían encerrar más intervencionismo. La gente no se desplaza a otros lugares porque no haya alquileres, sino porque no le interesa, o por las rigideces del mercado de trabajo. Mayor movilidad laboral tal vez incentivaría el sacar más viviendas al mercado, no lo sé. Lo que sí es seguro es que no corresponde al estado decidir qué grado de movilidad es aceptable para una sociedad.

Si las familias han decidido invertir en ladrillo es porque les parece ya una inversión productiva. Es tan productiva que las constructoras se han convertido en motores económicos y tienen una capacidad financiera que rivaliza incluso con los grandes bancos. Por no hablar de todo el empleo generado directa e indirectamente por el sector. A menos que no se refieran a ese tipo de productividad.

La Sociedad Pública de Alquiler dará seguridad y estabilidad al mercado garantizando la renta al propietario y asegurando el buen estado del inmueble en el momento de su devolución.

Cuando se presentó esta Sociedad escuché a la ministra decir que se ofrecían cosas que no hacía el mercado, como seguridad jurídica. Es que el mercado no ofrece seguridad jurídica, sino que la necesita. Y para eso están los legisladores: para dictar leyes que protejan la propiedad, y cuyo incumplimiento será sancionado por los jueces. Si el estado actúa como asegurador lo único que hace es socializar los impagos o desperfectos causados por energúmenos, y que seguramente quedarán impunes.

La actual situación del mercado de alquiler en España se caracteriza por una oferta escasa y muy atomizada, con el 85% de las viviendas en manos de particulares y con problemas de inseguridad jurídica y financiera para los propietarios.

Cuando dice particulares, ¿quiere decir propietarios privados o individuales? Porque en el primer caso, la idea es aterradora. El 100% de la vivienda debería ser privada. Si quiere decir que hay un 15% de viviendas en manos de inmobiliarias, promotoras, etc., ¿qué problema tiene el estado? ¿Cree que puede fijar qué porcentaje de vivienda debe pertenecer a propietarios individuales y cuál a empresas? Lo de la inseguridad jurídica y financiera ya está comentado. Pero en el caso de empresas que tienen abogados, tiempo y dinero para pleitear con inquilinos morosos, en ocasiones termina creándose una ola de solidaridad con el pobre inquilino que no puede pagarle a la malvada corporación. El pobre caradura, diría yo, que los hay auténticos profesionales de pagar dos meses, estar un año de juicios hasta que los echan, y a otra cosa, a engañar a otro incauto que no haya pedido referencias.

La Sociedad garantiza al propietario que a partir de la firma del primer contrato y mientras la vivienda permanezca en esta bolsa, percibirá esta renta independientemente de que la vivienda esté ocupada o no.

Bonita forma de mejorar la productividad de la economía: que con el dinero de todos se dediquen a pagar alquileres de casas vacías.

Por otra parte, los potenciales inquilinos podrán beneficiarse de una amplia y variada oferta de viviendas destinadas a alquiler. Pues igual que si fuesen a una inmobililaria. Estos inmuebles cumplirán determinados parámetros de superfície máxima y precio máximo de alquiler en función de la localidad y su zona de ubicación.

Si el precio depende de localidad y ubicación, será que mirarán los precios de los alquileres en el mercado libre. Pero si lo que pretende el ministerio es fijar precios de forma arbitraria, tal vez sería interesante recordar ese delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, que creo que está recogido en el artículo 284 del código penal:

Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses, a los que, difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, o utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por otros delitos cometidos.

Falta ver si se aprecia violencia en la coacción estatal. Sigue la nota de prensa:

El inquilino abonará la renta mensual a la Sociedad que, a su vez pagará al propietario, al que deducirá un porcentaje destinado a cubrir los costes generados por el servicio que se le presta.

Vamos, que primero te limitan el precio y luego te cobran una comisión, y vaya comisión:

Los propietarios que alquilen por la sociedad estatal cederán el 20% de la renta al Gobierno

Menos mal que se trataba de favorecer la reducción de los costes de intermediación de este mercado. Luego los especuladores son los agentes inmobiliarios. Ya veo, ya.

Además se prevé la oferta de productos específicos a los ciudadanos con mayores dificultades para acceder a una vivienda, cual es el caso de los jóvenes.

Ahora son los jóvenes. Luego serán las personas dependientes. O los inmigrantes, o las mujeres, o los parados de larga duración. Y termina habiendo tantos ciudadanos con mayores dificultades que todo se queda igual, o peor, porque quien decide quién tiene mayores dificultades es un burócrata.

Y para acabar, se menciona una potente Plataforma tecnológica que permitirá un flujo constante de información de oferta y demanda. A mí es que cada vez que el estado habla de potentes plataformas tecnológicas me entra una paranoia a lo Gran Hermano, temiendo un Echelon inmobiliario, sanitario o lo que sea, que el estado no se para en barras a la hora de controlar cosas.

Como suele ocurrir, el estado no soluciona problemas, los crea o los subsidia. Y en este caso se elude flagrantemente la solución básica: legislar en favor del derecho de propiedad. Que un propietario pueda disponer de su vivienda cuando le plazca, sobre todo si dejan de pagarle el alquiler. Pero claro, empezamos por una Constitución cuyo artículo 33 dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, para añadir la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. A veces parece que la morosidad caradura es de lo más social, y el propietario es visto como un ogro insensible e insolidario. Así nos luce el pelo.

(Vaya, al final el fisking ha sido completo.)

Referencias