Sandwiches en la Torre de la Vela

Decía Adam Smith que el carnicero no vende carne podrida no por altruismo, sino por egoismo, para no perder su negocio. Pero en el siglo XVIII no se usaban las hormonas, el clembuterol, el cloranfenicol y demás lindezas dedicadas al engorde rápido (y no muy sano) del ganado.

A finales del año pasado en Baleares se produjo un escándalo relacionado con el uso del antibiótico cloranfenicol en animales. Según las autoridades sanitarias, la prohibición de uso no es porque sea dañino para el ser humano, sino para evitar la aparición de resistencia a antibióticos si un día la persona los necesitase.

Habría que distinguir dos casos según las sustancias usadas en los animales. Cuando se le suministran hormonas o anabolizantes para coger peso rápidamente, y ese peso resulta ser agua, se produce un fraude: el consumidor paga agua a precio de carne. Si encima son sustancias tóxicas, se está produciendo una agresión punible. En cualquier caso debería poderse identificar claramente el origen de la carne para poder llegar hasta el productor y obligarle a resarcir por el daño causado.

Si las sustancias administradas son medicamentos para el ganado que pueden tener efectos perjudiciales potenciales pero no seguros en los seres humanos, nos movemos en un terreno más resbaladizo. El ganadero no pretende causar ningún daño, sino evitar que su ganado enferme. Pero el consumidor al mismo tiempo tiene que tener la información para decidir si se arriesga o no a comer carne de animales tratados con antibióticos, por ejemplo. Sería más o menos como el caso de los alimentos transgénicos.

La administración pública es la que se arroga el derecho de velar por la salud de los consumidores, analizando animales y carne, y en teoría imponiendo sanciones a aquellos productores que no se ajustan a las normas. En Baleares se ha optado por la creación de una nueva agencia de seguridad alimentaria. Pero la administración al mismo tiempo es culpable de que se perpetúen tales prácticas, ocultando deliberadamente la información al consumidor.

Nunca se hacen públicas qué explotaciones ganaderas utilizan ciertas sustancias en sus animales, por qué mataderos pasan y en qué tiendas se venden. Se supone que se paga una multa, se sacrifica al ganado contaminado, y a otra cosa. El consumidor permanece completamente en la inopia, sin poder discernir de quién fiarse y de quién no.

La existencia de tales agencias alimentarias inhibe la existencia de controles privados. La exigencia de controles de calidad por parte de los consumidores, y el valor añadido que esto supondría, sería un incentivo para la existencia de laboratorios privados que controlasen la carne desde su origen hasta su venta final. Algo similar a las auditorías de cuentas. Por supuesto que las empresas privadas también pueden cometer fraudes y engaños, pero a diferencia de las agencias públicas están sujetas al mayor castigo posible: su desaparición en el mercado por la pérdida de confianza. Y si no, que se lo digan a Arthur Andersen por los casos Enron y WorldCom.

Si una agencia privada de control de calidad no realiza bien su trabajo, estará abocada a desaparecer, mientras que en el caso de una agencia pública lo que se hará es crear otra agencia que vigile a la primera, se crearán normas más rígidas que fomentarán más corrupción, se requerirá de más funcionarios para ejecutar esos controles sobre los controles, y el resultado seguirá siendo el mismo: ocultar información a los consumidores para que no cunda el pánico, y de paso proteger los intereses de los amigos de los políticos.