Sandwiches en la Torre de la Vela

Asociacionismo, libertad y comida rápida, por Jahd

8 de Diciembre 2004

Inmaculada Constitución

Ayer se conmemoraron los 26 años de la vigente constitución española, la que se supone ha sido la norma de convivencia que ha evitado que durante 26 años los españoles no volvamos a resolver las disputas a cañonazos. Sin embargo, la presunta garante de las libertades frecuentemente ha sido el origen de inadmisibles limitaciones a la libertad de las personas y flagrantes agresiones a la propiedad.

Juan Ramón ya lo comentó ayer:

aprovechemos para reformar la Constitución de arriba abajo, quitémosle lastre, borremos su corpus totalizador. Ya hice el año pasado mi propuesta, insuficiente y no exhaustiva, sobre los artículos a eliminar.

Su artículo 1 ya da miedo:

Art. 1.1: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Estado social. En una revista de información juvenil lei la explicación de ese concepto: que no se deja todo al libre mercado, sino que los poderes públicos se reservan el derecho de intervenir por el bien de la sociedad. Sabemos también que cuando se introduce el concepto social la justicia ya no es justicia, sino la lucha de clases que postuló Marx. A eso se dirige también la defensa a ultranza de la igualdad: forzar que las personas sean iguales cuando lo único cierto es que por nacimiento todos somos diferentes en capacidades, intereses, ilusiones y deseos de lograr la felicidad. Considerar la igualdad como pilar de un estado es conducirlo al igualitarismo forzoso, a erradicar las diferencias entre individuos mediante métodos más o menos sutiles.

Art. 1.2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Si los poderes del estado emanan del pueblo, ¿por qué se sacraliza, como veremos, a los intermediarios?

Art. 1.3: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Es decir, el jefe del estado será el heredero de una familia particular, independientemente de sus méritos y capacidades. Hay que cruzar los dedos y que aquél que será jefe de los ejércitos no salga un pelín totalitario

Art. 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Los estados modernos tienen poco más de 200 años. La norma en la historia ha sido el auge y caida de reinos e imperios, por mucho que sus leyes, tradiciones o leyendas hablasen de orígenes milenarios, brillantes futuros o duraciones de 1000 años. Las leyes, y sobre todo las leyes fundamentales, no deberían jugar a la futurología. Por otra parte está la solidaridad. ¿Cómo pretende la constitución garantizar la solidaridad si las nacionalidades y regiones son autónomas? O son autónomas y son solidarias voluntariamente, o son solidarias a la fuerza y por tanto no son autónomas. Pero lo que demuestra este artículo es el poco respeto a las personas: las integra, quieran o no, en nacionalidades y regiones y las obliga a ser solidarias.

Art. 3.1: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

¿Y por qué no obligar al inglés, que puede ser tan útil como saber castellano? En una sociedad libre de forma natural sus habitantes elegirán el idioma que mejor convenga a sus personalísimos intereses, sin necesidad que ningún ente supremo lo elija por ellos.

Art. 3.2: Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Lo mismo, pero peor. Al menos el castellano lo hablan 400 millones de personas en medio mundo. Mi propia lengua materna se habla en casa, y en casa de los vecinos catalanes y valencianos. ¿Y si no me da la real gana hablarla? ¿Me va a obligar el estatuto?

Art. 3.3: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

No sabía que se hubiese puesto precio a las lenguas como para hablar de la riqueza que aportan a un pais.

Art. 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Los intermediarios, los sacerdotes que median entre el ciudadano y el dios-estado. Peor aún: los monjes que traducen los deseos de los hombres al idioma de los dioses, y los oráculos que interpretan los designios de estos para los mortales vulgares.

Art. 7: Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Los monaguillos que llevan los recados de los mortales a los sacerdotes, a cambio de una comisión. Clave del artículo: intereses económicos y sociales que les son propios. Mi nómina es mia, no del sindicato que negocia el convenio. Los beneficios de la compañía son suyos, no de la patronal que negocia frente a los sindicatos.

Art. 8: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Hasta la desaparición de la mili era paradójico que fuese garante de la constitución la institución que sistemáticamente anulaba la libertad de las personas durante varios meses de su vida sin dar nada a cambio. Es decir, la defensa de las fronteras dependía de trabajadores forzados.

Art. 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Cuando la realidad es que la mayor amenaza a la libertad proviene precisamente de los poderes públicos, inadecuadamente limitados por la constitución.

Art. 10.2: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

¿Acuerdos como Kyoto o la constitución europea? Pues estamos apañados.

Art. 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

A esto debería limitarse la igualdad: ante la ley, esa señora que lleva una venda para no ver a quién está juzgando, sino conocer sólo los hechos. Y la discriminación, ni positiva, ni negativa, aunque la misma constitución se contradice en este hecho.

Art. 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Bien, se reconoce un derecho inherente a la persona: el seguir con vida. Mantener la posibilidad de la pena de muerte en tiempos de guerra es un peligro: precisamente cuando se extiende el caos y el estado de derecho (incluyendo la administración de justicia) menos puede garantizar un proceso justo, entonces sí puede ser constitucional la pena de muerte. De este modo los hechos que nos contó Kubrik en la genial Senderos de Gloria serían perfectamente constitucionales.

Art. 16.2: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Menos cuando marcas cierta casilla de la declaración de la renta. Razón de más para que la financiación de religiones, cualquier religión, se deje completamente en manos privadas. En lugar de la dichosa casilla del 0'5%, ¿por qué no una rebaja del 0'5% para que cada uno lo dedique a una religión, a una ONG, o a sí mismo, en libertad, cada uno con su conciencia, y no en compañía del funcionario o empleado del banco que nos hace la declaración?

Art. 16.3: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

A los poderes públicos no les debería importar las creencias de las personas (las sociedades no tienen creencias, no son seres pensantes). Y en confesión incluyo el laicismo, la no religión. Convertir los espacios comunes (públicos) en áreas sin religión visible es también un ataque a los creyentes. ¿Los cristianos no pueden llevar crucifijos en las calles, que son tan públicas como los colegios? ¿Las musulmanas no pueden llevar sus hiyab? ¿Los judíos no pueden lucir su kippa? ¿O los hindúes un turbante? ¿O los Hare Krishna sus túnicas naranja? Esa es la paradoja de la no religión: querer ocultar por la fuerza del estado el hecho religioso, tan común en la humanidad, por mucho que algunos aborrezcamos las religiones (unas más que a otras).

Art. 17.1: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Pero nada garantiza que la ley sea justa, porque la constitución no determina claramente cuál debe ser el alcance de la ley. La ley puede, y de hecho lo hace, inventar delitos penados con la cárcel. Delitos que no van contra ningún derecho fundamental, sino hechos que se definen como delictivos de forma arbitraria.

Art. 18.1: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

¿Qué son el honor y la propia imagen? Dos conceptos tan arbitrarios y difusos son derechos fundamentales. ¿En qué punto se lesiona tu honor? ¿Cuando te llaman capullo, mamoncete, gilipollas, cabrón o hijo de puta?

Art. 18.2: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Pero ay de ti si defiendes tu domicilio con la fuerza. O incluso si el asaltante de tu domicilio se hace daño con los medios que hayas dispuestos para garantizar la inviolabilidad que reconoce la constitución. ¿Qué derecho es más importante, el de la propiedad de la persona honrada, o la vida del violador de esa propiedad? Si mi casa es el fruto de mi trabajo, de mi vida, y es asaltada, ¿defenderla no es defender mi vida? La necesidad de refugio es tan innata en el ser humano como el alimento y la reproducción. Asaltar el refugio de una persona es asaltar su vida, y eso no lo reconoce la constitución.

Art. 20.1: Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Hasta que alguien aprueba códigos deontológicos, de buena conducta y de autorregulación.

Art. 20.3: La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

La constitución debería decir que ningún medio de comunicación debería ser propiedad del estado. El mercado provee de ese servicio, incluso gratis. Pero a la vista de esta garantía constitucional, ¿por qué no pedimos los liberales un programa en la televisión pública para mostrar nuestra alternativa política? Tenemos tanto derecho como los titiriteros subvencionados, ¿no?

Art. 21.1: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

¿Las cacerías y monterías sí requieren de una autorización previa? ¿Y si unos amigos quieren pasar un rato practicando tiro al plato? ¿Acaso la presencia de armas implica que la reunión no será pacífica?

Art. 21.2: En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Las razones fundadas pueden ser tan arbitrarias como lo sea el funcionario que deba tomar tal decisión. Aquí se produce una colisión de derechos: el de manifestarse y el de usar libremente las vías públicas, incluso para manifestarse. La autoridad no es el propietario de la vía pública, no hay asignados derechos de propiedad conocidos. Yo puedo prohibir una manifestación en mi casa, porque soy el propietario y marco las normas en mi propiedad. Pero a mí, una manifestación puede fastidiarme incluso si la autoridad competente la ha autorizado en una vía pública a cuyo mantimiento contribuyo: no se respete mi cuota de propiedad.

Art. 22.1: Se reconoce el derecho de asociación.

Menos mal. Este es uno de los derechos más importantes, ya que la asociación es uno de los hechos fundamentales del ser humano. De una forma u otra nos estamos asociando continuamente: apuntándonos a clubes, militando en entidades políticas, constituyendo una empresa con unos socios, incluso formalizando un matrimonio o simplemente viviendo unos junto a otros siguiendo unas leyes y costumbres. Los colectivos humanos no son sino asociaciones más o menos complejas. Reconocer tal derecho es como decir "se reconoce que el Sol sale por el este" o "se reconoce que el agua moja".

Art. 22.2: Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

El artículo 368 del código penal explicita que es delito el cultivo de drogas. Así, una asociación que defienda la posibilidad de tal cultivo persigue un fin delictivo: el cultivo de droga. Por tanto, tal asociación sería ilegal.

Art. 22.3: Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

¿Para qué? ¿Una asociación no es asociación hasta que tiene un papel sellado por una autoridad gubernativa que fiscaliza los estatutos y decide si merece o no el sello?

Art. 22.5: Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Si una asociación quiere permanecer en el anonimato, ¿por qué obligarla a publicitarse en un registro so pena de ser declarada ilegal? La opción de registrarse (en un registro no necesariamente de titularidad pública) o permanecer en tinieblas debería corresponder únicamente a los asociados. Por otra parte, ¿tiene que ser ilegal que un grupo de amigos se vayan al monte a pegarse tiros con pistolas de Paint Ball?

Artículo 23

1: Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2: Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

¿Dónde podemos pedir que nos presten la tribuna de oradores del congreso? Por otra parte, hay un cargo público al que no tenemos derecho todos los españoles: la jefatura del estado. De nuevo la constitución se contradice a sí misma.

Art. 24.2: Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías [...]

La gestión exclusivamente pública de la administración de justicia hace que ésta se colapse en interminables colas. La competencia de tribunales privados donde pudiesen dirimirse conflictos y a los que se sometiesen voluntariamente las partes enfrentadas ni está prevista en el sistema. Es decir, la constitución sólo prevé un sistema que por su propia naturaleza no podrá tener las características que se le requieren.

Artículo 27

1: Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5: Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6: Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7: Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8: Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9: Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10: Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Este sea, posiblemente, uno de los artículos más peligrosos de la constitución. Del punto 1 se deduciría que simplemente se reconoce el derecho a recibir formación académica, pero el punto 2 ya dice claramente qué formación se debe recibir. El punto 3 garantiza la intromisión del estado en asuntos de moral y religión. El 4, elimina la opción legítima de no recibir formación (o al menos la impuesta por el estado), y sienta las bases del sistema público de adoctrinamiento. En el punto 5 el estado se otorga el monopolio de los planes de estudios y se convierte además en transmisor de estos planes a costa de todos los contribuyentes. El punto 6 restringe los criterios para fundar un centro docente a que se respeten unos principios con los que no necesariamente se va a estar de acuerdo. El 7 da inicio al actual guirigay educativo, donde los alumnos eligen qué estudiar, si es que quieren hacerlo, y da poder incluso a los padres, que no suelen tener ni idea de lo que ocurre en las aulas. En el punto 8 el estado vuelve a ser el garante del pensamiento único educativo homologado. En el punto 9 se da pie a que se subvencione a los centros que le dé la real gana a los políticos de turno que establezcan los requisitos que favorezcan a los suyos, sean estos el opus, los legionarios de cristo, las ikastolas, las escuelas coránicas o lo que se invente: la cuestión es subvencionar.

Art. 28.2: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Los trabajadores pueden hacer huelga para defender sus intereses o para tocarse los huevos, si les da la gana. Eso sí, los que quieran trabajar, también deben poder hacerlo. Lo que también debería reconocerse es el derecho a mantener en plantilla a quién le dé a uno la gana. Lo que ocurre es que la mayoría de veces los huelguistas son funcionarios o trabajadores de empresas públicas a cuyos jefes tanto les da las condiciones que se exijan y concedan, lo que quiere es no tener follones. Total, pagan los contribuyentes.

Artículo 30

1: Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2: La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3: Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4: Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Mientras exista este artículo, cualquier ciudadano puede ser obligado a tomar las armas incluso en tiempo de paz. Igual de aberrante es la posibilidad del servicio civil: nos pueden reclutar para limpiar arcenes, barrer calles, cuidar a ancianos o bebés o controlar el tráfico si se casca un semáforo. Cualquier cosa puede terminar siendo de interés general.

Artículo 31

1: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2: El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3: Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Todos contribuirán, les guste o no. Y si cada uno aporta según su capacidad, ¿a qué viene el principio de igualdad? ¿Y quién determina el alcance confiscatorio? A mí el 15% de IRPF, más el 16% de IVA de lo que se gasta, más impuesto de hidrocarburos, etc. ya me parece confiscatorio. Lo de los criterios de eficiencia y economía parace cachondeo. ¿Cómo se va a garantizar, si el estado juega con un dinero que no es suyo?

Art. 32.2: La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

La ley se entromete una vez más en asuntos privados.

Artículo 33

1: Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2: La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3: Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Se te permite tener propiedad privada, hasta que al político o burócrata de turno se le ocurre que tu propiedad es de utilidad pública o interés social. Y confórmate con la indemnización, porque no hay más.

Art. 35.1: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

¿Y si puedo vivir de las rentas de propiedades heredadas, también tengo que trabajar? ¿Invertir en un negocio y recoger beneficios es trabajar? ¿Presidir consejos de ministros es trabajar? El lumbreras que sugirió lo de la libre elección de profesión, ¿ya ha montado una ETT donde busques el curro que busques, te lo encuentran? ¿Y quién determina la remuneración suficiente?

Art. 36: La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Los colegios deberían ser tan democráticos que la colegiación no debería ser obligatoria. Si un tio se saca una licenciatura en derecho, ¿por qué tiene que pasar por el aro de afiliarse forzosamente a una asociación para ejercer de abogado? Si es por el sello que garantiza que el tio es abogado, ¿acaso no basta una llamada a la universidad donde se licenció para confirmar los datos?

Art. 37.2: La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Y si un individuo quiere saltarse voluntariamente el convenio que han negociado unos representantes a los que tal vez no ha votado, ¿qué pasa?

Art. 38: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

¿¿¿La constitución prevé la planificación??? ¿Seguro que esto no es la constitución cubana? La realidad es que los poderes públicos amenazan la productividad con regulaciones, impuestos y burocracia.

Sólo este repaso y breves comentarios deberían hacer ver que la constitución bajo la cual somos gobernados no garantiza realmente la libertad, sino que la amenaza en nombre del bien común y el interés general.