Sandwiches en la Torre de la Vela

Hace unos días en la edición en papel de El Mundo se publicó una entrevista con el prestigioso forense José Antonio García Andrade. No está en formato digital, y tampoco tuve ocasión de hacerme una copia, así que no podré poner citas textuales, sorry.

En un punto de la entrevista se hablaba de los accidentes de tráfico, y el doctor García Andrade se mostraba contrario al cinturón de seguridad, por las muchas autopsias que había tenido que realizar por su culpa. Según él, mata más que protege, y no se trata más que de un invento de las compañías de seguros porque para ellos son más baratos los cadáveres que los heridos graves que por ejemplo salen despedidos del coche y quedan parapléjicos.

Cuando me estaba sacando el carnet de conducir la profesora de teórica nos exponía un argumento similar. Según ella, el estado obliga al uso del cinturón porque evita lesiones muy graves y costosas para el sistema sanitario público. Si todo el mundo que tuviese un accidente sin llevar puesto el cinturón se matase, el estado no lo habría hecho obligatorio.

Este segundo argumento me parece algo más coherente que el otro, pero ese no es el tema. Según García Andrade, es peor quedar atrapado en el coche y morir abrasado que salir disparado y sufrir heridas graves, pero que en cualquier caso debía ser una elección personal, y le parece lamentable que se utilice a la guardia civil para perseguir esa falta.

Podriamos tirar de estadísticas para ver si el cinturón realmente evita muertes y reduce la gravedad de las lesiones o no, pero lo importante es que es una opción personal que no atañe a terceras personas. Puede que efectivamente en caso de accidente haya mil veces más probabilidades de salir disparado del coche que de quedar atrapado y quemarse, pero esa posibilidad entre mil puede ser más aterradora que la silla de ruedas. El problema es que si quedas en la silla de ruedas, con el sistema actual es la sanidad pública la que carga con los gastos, y eso sí afecta a muchas terceras personas: a todos los contribuyentes.

Si cada uno tuviese su seguro y pagase una prima correspondiente a su nivel de riesgo, y allá cada cual con el riesgo que quiere asumir. Si alguien declara no usar el cinturón de seguridad y eso le da el doble de probabilidades de sufrir lesiones muy graves, sería lógico que pagase el doble de prima que alguien que sí lo usa.

¿Y si se engaña a la compañía de seguros? A la hora de hacer los peritajes no hay vuelta de hoja: o se llevaba o no se llevaba el cinturón. Si no lo llevaba y estaba pagando el doble de prima por ese riesgo, OK, a correr con los gastos. Que no lo llevaba y encima pagaba la prima normal: entonces sería lógico que el seguro corriese sólo con los gastos del riesgo asegurado, es decir, la mitad del tratamiento.

En la actualidad se dan casos similares con los seguros para novatos y menores de 25 años que no están declarados en el seguro. Ejemplo: durante mis dos primeros años de carnet, usando un coche a nombre de mi madre, debería haber pagado un 40% de incremento por tener menos de dos años de carnet. Es decir, la prima por 1'4. No lo hice, porque ya era una pasta, así que asumí el riesgo. Por suerte no tuve ningún percance, pero si lo hubiese tenido y hubiese sido imposible colar que yo no era el conductor, el seguro habría pagado sólo la proporción del riesgo que creía cubrir: la indemnización dividida por 1'4. Y eso es algo que se está aplicando porque al fin y al cabo el cliente está estafando al seguro al ocultarle un hecho fundamental para evaluar el riesgo y la prima, y encima esto repercute en las primas de los demás clientes.

El caso ya más exagerado es conducir sin seguro, porque la multa es menor que la mayoría de primas. En este caso la multa debería ser similar al coste de una prima, para tener efecto disuario, e ingresarse en el fondo de compensación, que es de donde salen las indemnizaciones para aquellos perjudicados por alguien que circula sin seguro.

Y enlazando con las multas, estas deberían aplicarse sólo a aquellas infracciones que suponen un riesgo añadido para terceros. Así, no llevar el cinturón o el casco no deberían ser hechos punibles. Acciones que aumentan el riesgo a terceros pueden ser cosas tan variadas como no respetar un semáforo o un stop, realizar un adelantamiento indebido o llevar las luces mal regladas e ir deslumbrando. Pero estas multas no deberían ir a la administración pública, porque se convierten en una importante fuente de financiación, sobre todo municipal. Al tratarse de riesgos adicionales que el asegurador no conocía, el dinero debería ir también al fondo de compensación, o tal vez al asegurador como si de un copago se tratase: un infractor tiene un riesgo añadido.

Usando las multas de este modo se lograría que quienes más ponen en peligro la seguridad del tráfico cargasen con una parte mayor de los costes de los siniestros. Si la cuantía de las multas es tal que tiene un efecto disuasorio a la hora de infringir las nomas de circulación, también disminuye el riesgo y los siniestros, y se hace menos necesario tirar de los fondos de las compañías o del fondo de compensación.

Sin embargo, si la recaudación de las multas va a parar a la administración, y se produce un descenso en las infracciones, lo que suele pasar es que o se aumenta la cuantía, o se crean nuevas infracciones por las que cobrar: triángulos, chalecos reflectantes, etc. Como siempre, el estado tratará de chupar como pueda y de donde pueda, sin sentido y sin objetivo. Y de paso, entrometiéndose en las decisiones privadas de los ciudadanos, por ilógicas que puedan resultar a efectos estadísticos.