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Asociacionismo, libertad y comida rápida, por Jahd

29 de Abril 2004

La justicia en España

Pedro Pacheco la definió muy bien hace ya largos años: "la justicia en este pais es un cashondeo". Efectivamente, con sentencias como esta:

Apelación retira la segunda amarilla a Luis Figo
[...]
El pasado martes, tras analizar la jugada varias veces en vídeo, el Comité de Competición tomó la decisión de imponer un partido de suspensión al centrocampista blanco. Sin embargo, Apelación ha reconsiderado esta decisión y ha retirado la segunda tarjeta. El '10' blanco se tiró en plancha, lo que el árbitro estimó como jugada peligrosa y le mostró la segunda cartulina. Sin embargo, las imágenes muestran cómo no hay contacto con Puyol.

Sin embargo, el reglamento establece que:

[Regla 12] Un jugador será expulsado y recibirá la tarjeta roja si comete una de las siguientes siete faltas:

1. ser culpable de juego brusco grave

En las Instrucciones adicionales para árbitros, árbitros asistentes y cuarto árbitro, se especifica que:

Todo jugador que intente despojar a un adversario del balón por delante, el costado o por detrás, cargando con fuerza excesiva y poniendo en peligro la integridad física del adversario, será culpable de juego brusco grave.

Es decir, la acción de Figo no merecía la tarjeta amarilla, sino la roja directa.

Esta ¿chorrada? al fin y al cabo no es más que un ejemplo de que no todos somos iguales ante la ley. Lo que no es una chorrada es cuando comportamientos de este tipo se salen del deporte e invaden la justicia ordinaria:

La Fiscalía recurre el segundo grado concedido a Miguel Ricart por ser agresivo y antisocial

O este otro hecho:

Un juez concede el segundo grado al asesino y violador de una niña con la oposición de la prisión

Por cierto, ambos de la misma jueza de vigilancia penitenciaria. Casos así hacen que sea un chiste discutir si Figo debería jugar o no ante el Deportivo. Pero por lo visto, para ser juez no hace falta tener sentido común.

Lo grave de todo es que los jueces son los garantes últimos del estado de derecho. Si el parlamento dicta leyes absurdas, en las próximas elecciones ya se elegirá a otros para que las rectifiquen. Con las decisiones ejecutivas del gobierno, lo mismo. Y en ambos casos, con un estado basado en la limitación del poder del gobierno, leyes o decretos absurdos tendrán una repercusión limitada, proporcional a la ausencia de poder del parlamento o el ejecutivo.

Sin embargo, los responsables últimos de que el sistema no se venga abajo son los jueces, que son quienes castigan el incumplimiento de las leyes, sean estas dictadas por un poder del estado o consensuadas por un grupo de ciudadanos. No castigar adecuadamente el incumplimiento de la ley sí conduce a la ley del más fuerte. Es la anarquía de facto.

Y lo peor es que los ciudadanos elegimos al parlamento, e indirectamente al gobierno. A los jueces, no. Si la justicia emana del pueblo (artículo 117.1 de la constitución), ¿por qué los jueces pueden actuar a nuestras espaldas casi sin control?